J. Luis Seefoó Luján / Profesor investigador del Colmich
En unas ciudades sí, y en otras también, “el pulpo camionero” es parte sustancial de los grupos en el poder. Su capacidad de impactar a la población se expresa de muchas maneras y las acciones más comunes que experimentan los usuarios, son: 1) Levantar pasaje en cualquier punto y/o negarse a subir pasajeros si el chofer se percata que va perder tiempo; 2) “botar el pasaje” en cualquier lugar bajo la oración: “hasta aquí llego”, sobre todo en la noche; 3) si no tienen cambio (moneda fraccionada), no regresan los centavos, pero si a un pasajero le falta, no le permiten abordar la unidad; 4) encienden su radio o “bocinas” con el mayor volumen posible y el pasaje debe soportar su ruido; 5) nunca ni por error o por experimento han aceptado conceder descuentos a veteranos, estudiantes, discapacitados o menores de edad. Su frase favorita: “niño caminando, niño pagando”; y, 6) son parte significativa de colisiones y/o atropellamientos que ocasionan muertes y graves incapacidades permanentes.
Lo anterior es “pan de cada día” y quienes sufren con mayor fuerza son las personas más vulnerables.
Otras acciones -no diarias- se suceden en tiempos electorales: 1) ayudan a “acarrear” votantes; 2) suelen ser informantes de las policías. Este trabajo lo asumen con gran disposición los taxistas; 3) periódicamente protestan contra las personas que ingresaron al medio de un modo “forzado” o ilegal y suelen gritar: “fuera taxis piratas” aunque su ingreso haya sido bajo la modalidad “filibustero” o ”pirata”.
Y, ¿las leyes?
Los permisionarios reclaman desde 2005 que la autoridad estatal en materia de transporte (conocida como Cocotra) no cumple su cometido y que tanto en La Cañada de Los Once Pueblos como en La Cantera y Tarecuato el servicio público de transporte regional (Carapan a Zamora y Tarecuato a Zamora) no se acata la Ley de movilidad y seguridad vial del estado de Michoacán de Ocampo (junio 2023), en por lo menos cuatro puntos: 1) se trata de vehículos que no cuentan con los permisos en regla para ofrecer el servicio; 2) son informales y no están al tanto de sus deberes con la tributación (SAT); 3) tienen base en Zamora y su pasaje asciende y desciende dentro de la ciudad, tanto en Jacona como en Zamora; 4) los pequeños vehículos que circulan en Tarecuato no se limitan a trayectos urbanos, locales, sino que circulan por carretera poniendo en riesgo a los pasajeros.
Ya es tiempo -20 años- que se resuelva con precisión: ¿el transporte de pasajeros y de carga, de La Cañada y de Tarecuato es ilegal? Su condición de “pueblos indígenas les exime de contar con permisos y de pagar impuestos? O es falso que dice el “pulpo camionero”?
El asunto es sumamente importante y el gobierno (municipal y estatal) debe coordinar su solución y no esperar daños mayores. Los permisionarios abren o cierran rutas con y sin permiso; pueden tener dos o tres taxis en “ruta” con un mismo permiso.
Reclaman el libre derecho al trabajo, pero no están de acuerdo en que los taxis, combis y demás unidades que trasladan personas y mercancías desde Carapan, Acachuen, Los Nogales a un punto próximo a la central camionera y, menos, si el pasaje necesita ingresar al centro de la ciudad.
Y, ¿cubren los derechos laborales de los choferes? Lo más seguro es que no. Y aquí ocurre una mezcla de choferes que son trabajadores, choferes que son dueños, choferes que “trabajan aun tanto”, lo que hacer más complicada la relación con los usuarios. El “chofer” es lanzado ala “jungla de asfalto” reunir el dinero que espera el patrón y ¡Sálvese el que pueda!
Los permisionarios quisieran que el pasaje procedente de La Cantera o El Nopalito, descendiera en el libramiento sur (parte alta de Jacona) y pagara otro pasaje. Urge que la autoridad enfrente y solucione estas tensiones.
Con los bloqueos, cierres, el primer afectado es el usuario.
Una familia “mediana” en la que el papá y la mamá trabajan y sus dos hijos acuden a alguna escuela, gastan diario 88 pesos diarios (27.93 del salario mínimo) si sólo es una vuelta. Es frecuente mirar a las empleadas del comercio que optan por comer (¿comer?) cualquier cosa porque volver a su casa (Altamira, Valle Dorado) implica más de una hora de trayecto y un gasto de 22 pesos.
El paro y/o bloqueo de los camioneros es tolerado por la autoridad
Si por alguna razón, los maestros, médicos del hospital, indígenas de La Cañada, bloquearan alguna avenida, esa acción duraría unos minutos.
¿Esto tiene solución? No, en parte porque tanto el gobierno como los negociantes del suelo (cartel inmobiliario) inducen una forma fragmentada de expansión urbana: se vive en una colonia y se trabaja a decenas de kilómetros y las colonias no cuentan con todos los servicios básicos. Otro motivo o razón para no solucionar es porque alcaldes, regidores, diputados (siempre) andan en campaña electoral y el “pulpo camionero” apoya económicamente y “acarrea votantes”.
Zamora, Michoacán, abril 27 de 2026